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La prostitución en España: una práctica con impacto en la salud pública
La prostitución en España: una práctica con impacto en la salud pública

Cristina Sánchez Mateo
Trabajadora Social. Participante en el Programa de Agentes Jóvenes en Educación para la Salud.

La Real Academia Española define prostitución como la “acción y efecto de prostituir” o la “actividad de quien mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero”. 

En Europa, a diferencia de países como Alemania, Austria, Holanda y Suiza donde es legal tanto la prostitución como los prostíbulos, existen pocos países como Francia y Suecia donde desde el año 2016 esta actividad es ilegal y se sancionan a los clientes. La regulación de la prostitución determina su práctica. No obstante, cabe señalar que en España la prostitución no está regulada. Pero esto no significa que al no ser legal sea ilegal. La prostitución en España comprende un vacío legal donde, por lo tanto, podemos decir que es alegal. No obstante, según la nueva Ley de Seguridad Ciudadana se penaliza el consumo de esta práctica “en zonas de tránsito público, cerca de lugares destinados a su uso por menores” como parques infantiles, colegios, etc., “o en zonas que pueda generar un riesgo para la seguridad vial” y cabe destacar que los municipios tienen competencia de regularla a través de las Ordenanzas Municipales. Ejemplo de ello es la ciudad de Barcelona donde desde febrero de 2018, ha elaborado una nueva Ordenanza Municipal que incrementa el número de sanciones a la prostitución callejera y donde tanto quienes ejercen como quienes consumen, son multados.  

La Real Academia Española define la trata como el “tráfico que consiste en vender seres humanos como esclavos”. Además, hace mención en su segunda definición a trata de blancas y a la cual define como “tráfico de mujeres, que consiste en atraerlas en coacción o mediante engaño a centros de prostitución para su explotación sexual”. Hoy en día el término de trata de blancas no es aceptado por los profesionales ya que no visibiliza el problema real y actual que comprende a mujeres de todas las nacionalidades y etnias. Por lo tanto, el término adecuado a utilizar es trata de personas con fines de explotación sexual. 

Según datos de las Naciones Unidas, el 90% de las mujeres en situación de prostitución en España son víctimas de trata. Debemos tener en cuenta la localización geográfica de nuestro país, siendo el primer país europeo posible de tránsito entre África y Europa y donde, además de tránsito, las mujeres son destinadas a ser prostituidas a beneficio de las redes del proxenetismo. Según el informe de la ONU aproximadamente 100.000 mujeres y niñas llegan a Europa como víctimas de trata con fines de explotación sexual. 

Después del análisis de estos datos, lamentablemente España encabeza la lista de los países que más consumen esta práctica con aproximadamente un 40% de su población. Además, siguiendo con la trata con fines de explotación sexual, la mayoría de las mujeres que son prostituidas tienen entre 18 y 25 años, aunque hay un gran porcentaje que determina que muchas de ellas aún siguen siendo niñas y/o adolescentes que no han llegado aún a la edad adulta. 

Como hemos dicho anteriormente la prostitución es una práctica no regulada en España. En cambio, la trata de personas está recogida en el Código Penal como un delito claro contra la libertad de las personas y, por lo tanto, es una actividad penada. 

La prostitución no debe considerarse como un trabajo. Actualmente en España, no está reconocida como tal. Las mujeres que ejercen no tienen protección laboral y, por lo tanto, no pueden cotizar ni darse de alta en la Seguridad Social. 

En nuestro país, el tercer sector desarrolla un papel fundamental en la atención y respuesta a las problemáticas y necesidades de este colectivo en el ámbito sanitario, sociolaboral, educativo, etc. En el ámbito de salud, numerosas asociaciones y ONGs facilitan la relación de las mujeres con los centros sanitarios. Debemos tener en cuenta que la mayoría de mujeres que ejercen la prostitución en nuestro país son extranjeras víctimas de trata con fines de explotación sexual y que carecen de tarjeta sanitaria. En 2012 y en plena crisis económica, el gobierno de entonces reformó la Ley de Extranjería privatizando la sanidad pública a las personas con situación irregular en España impidiendo su acceso al sistema sanitario, aunque esta cuestión parece estar siendo modificada con el gobierno actual. 

Como se ha señalado anteriormente, el papel que desempeñan las entidades es esencial. No sólo mejoran la accesibilidad de las mujeres al sistema sanitario, sino que les ayudan a obtener la tarjeta sanitaria, realizan acompañamientos, les ofrecen información sobre los recursos y centros disponibles, entre otros. Para realizar dichas actuaciones firman convenios con la Consejería de Salud en las que se establecen las competencias y tareas que pueden llevar a cabo como entidades no gubernamentales. Su labor, además de las citadas anteriormente se centran en promover, prevenir y dar respuesta a los problemas de salud, coordinar las actuaciones con los centros sanitarios y participar en la creación de medidas para evitar la explotación sexual y la exclusión social. Sin olvidar que, una de las acciones más relevantes que realizan son la detección y seguimiento de las infecciones de trasmisión sexual, sobre todo del VIH. Algunas de las entidades cuentan, gracias a la donación de la Administración Pública, de material y personal formado para realizar pruebas de detección de VIH. 

Nos encontramos ante un colectivo que a pesar de tener dificultades para acceder al sistema sanitario por la situación irregular de la mayoría de las mujeres extranjeras que ejercen prostitución en España, realizan constantemente una práctica considerada de alto riesgo para la salud. El ejercicio de esta práctica deriva –o va ligado- en numerosos casos con problemas de adicciones, interrupciones voluntarias del embarazo –debido mayoritariamente a clientes que prefieren no hacer uso de preservativos-, problemas de salud mental y enfermedades e infecciones de transmisión sexual donde todas ellas, repercuten en la salud pública. 

En definitiva, la prostitución es un problema que se debe abordar desde las competencias públicas y en todos sus ámbitos. La legalización o abolición de la prostitución en España es un debate constante en los asuntos políticos de nuestro país. Dejando de lado esta cuestión, es una realidad el riesgo e impacto que supone esta práctica para la salud pública y las redes de trata de personas con fines de explotación sexual que obligan a mujeres –en su mayoría-, día tras día, a ser prostituidas y exponerse a estos riesgos. Es por ello que independiente de las posturas políticas y la persecución de las redes de tratas e identificación de las víctimas, el gobierno debe comprometerse y hacer frente a estas cuestiones y dar mayores respuestas preventivas para proteger el derecho sanitario de estas personas. 


Fecha de creación
:   31/12/2018 9:18:08
Última actualización
:   08/01/2019 22:43:46

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